Al igual como ha sucedido en otros países, en Chile se han implementado medidas que tienen que ver directamente con las necesidades inmediatas observadas en los diferentes sectores productivos – que no han sido tomadas bajo una estrategia o plan de acción específico sobre cambio climático – pero que podrían haber tenido una incidencia positiva frente a la disminución de las emisiones de gases invernadero. Por ejemplo, son destacables las medidas adoptadas en el sector energético desde comienzos de la década del #70, luego de la crisis del petróleo.
A partir de 1973, en la mayoría de las industrias chilenas se crearon grupos de coordinación que impulsaron proyectos y campañas de aumento de eficiencia para reducir los consumos de energía (refinerías de petróleo, minería del cobre, industria de la celulosa, entre otras). Sin embargo, como este esfuerzo no estuvo acompañado de incentivos complementarios que aseguraran un interés permanente por el tema – como sucedió con los programas y mecanismos desarrollados en los países europeos – se observó que la demanda energética empezó a crecer más rápidamente que el PGB, una vez superado el período de recesión económica de 1980.
Las medidas impulsadas en los últimos años para difundir la importancia y los beneficios del uso racional de energía, y el apoyo a los proyectos e iniciativas de los productores y usuarios finales de energía con ese objetivo, han ayudado a una reducción en las cifras de intensidad energética nacional. Entre estas medidas destaca el Programa Nacional de Uso Eficiente de la Energía, implementado por la Comisión Nacional de Energía, el cual tiene como meta reducir en un 10% el consumo de energía primaria en el período 1990-2000, lo cual equivale a alcanzar un ahorro total de 2.000 millones de dólares en el mismo período mencionado más adelante.
Estos avances se deben en parte a la toma de conciencia generada por el período crítico experimentado en el país durante la sequía de los años 89 y 90, que coincidió con la Guerra del Golfo Pérsico. Es necesario destacar que esto no habría sido posible si el país no hubiera mantenido vigentes – en los últimos 15 años – una política de precios reales y la libertad de importación de combustibles fósiles (petróleo y carbón).
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