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Cielos abiertos y concesiones

En el proceso de desregulación del mercado aéreo mundial y, en el caso chileno, la promulgación de la Ley de Cielos Abiertos en el año 1979, permitió el ingreso de nuevas aerolíneas nacionales y extranjeras en el mercado interno, el fin de los subsidios a los clubes aéreos, la privatización de la Línea Aérea Nacional y el fin de recursos del Estado para financiar a la Dirección General de Aeronáutica Civil, convirtiendo a la entidad en una institución gubernamental que se autofinancia con tasas y derechos aeronáuticos y de embarque.

En este contexto de autofinanciamiento en que los recursos obtenidos son reinvertidos en el propio sistema, otorgando transparencia y proyección, en el año 1996 se promulgó la Política de Concesiones del Gobierno, cuya finalidad fue resolver la carencia de infraestructura pública a través de la asociación con privados.

En esa línea se diseñaron dos programas de concesiones para terminales aeroportuarios que incluyeron en una primera etapa a las terminales de Iquique, Antofagasta, Calama, La Serena, Concepción, Puerto Montt y Punta Arenas entre los años 1996 y 2001.

El segundo Programa en desarrollo a partir del año 2002 y hasta 2012 incluyó los aeropuertos de Arica, Caldera, Coquimbo, Santiago y Freire.

A partir de 1996, la DGAC llevó a cabo un decidido programa de radarización del espacio aéreo continental, adquiriendo e instalando 14 radares primarios y secundarios que cubren la totalidad del territorio nacional, incluyendo la antártica chilena.

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